«Es mi casa y hago lo que quiero». Es una de las frases más repetidas en los conflictos vecinales, y la Ley de Propiedad Horizontal la desmonta en su artículo 7.2. Ser propietario da muchos derechos, pero vivir en un edificio con otros vecinos también impone límites.
Las actividades que la ley prohíbe
Ni el propietario ni quien ocupe el piso, sea inquilino o no, pueden desarrollar en él o en el resto del edificio actividades que:
- Prohíban los estatutos de la comunidad.
- Resulten dañosas para la finca.
- Sean molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas según las normas generales.
En la práctica, aquí entran los ruidos constantes a deshoras, los malos olores, la acumulación de basura, los negocios no permitidos o las actividades que ponen en peligro el edificio.
Los pisos turísticos, aparte
Desde el 3 de abril de 2025, el artículo 7.3 añade un caso concreto: quien quiera dedicar su vivienda a alquiler turístico necesita la aprobación expresa de la comunidad. Ese acuerdo exige el voto de tres quintas partes de los propietarios que representen tres quintas partes de las cuotas, según el artículo 17.12. Sin esa aprobación, el presidente puede exigir que la actividad pare.
El procedimiento, paso a paso
- Requerimiento del presidente. Por iniciativa propia o de cualquier vecino, exige al infractor que pare «de inmediato», con el aviso de que, si no, la comunidad irá a los tribunales.
- Autorización de la junta. Si el infractor sigue, la junta, convocada para ello, autoriza al presidente a demandar.
- Demanda de cesación. Se presenta con la prueba del requerimiento y el certificado del acuerdo de la junta.
- Medidas cautelares. El juez puede ordenar que la actividad pare de inmediato, mientras dura el juicio, bajo aviso de incurrir en un delito de desobediencia.
Si el infractor es un inquilino
La demanda se dirige contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante. Si quien causa el problema no es el dueño, la sentencia puede ir más lejos: declarar extinguidos todos sus derechos sobre la vivienda y ordenar su desalojo inmediato.
Cada caso depende de la prueba: denuncias, mediciones de ruido, testigos o informes. Antes de llegar a juicio, conviene asesorarse con un abogado o con el administrador de fincas.
El castigo más duro
Lo que más sorprende del artículo 7.2 está al final. Si el juez da la razón a la comunidad, además de ordenar el cese definitivo de la actividad y la indemnización de los daños, puede acordar la privación del derecho a usar la vivienda o el local «por tiempo no superior a tres años», según la gravedad. Es decir, un propietario puede quedarse hasta tres años sin poder vivir en su propia casa. Mi casa, sí, pero no siempre mis normas.
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