Grabó un entrevista para RTVE horas antes de que se produjese el desahucio

Maricarmen, la mujer desalojada el miércoles de su vivienda en pleno centro de Madrid, ha puesto nombres propios a los responsables de su desahucio. En unas declaraciones recogidas antes del lanzamiento, señaló en primer lugar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y después a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Sus palabras llegan en un momento en que el caso se ha convertido en munición política. Desde Nueva York, Sánchez y el resto de dirigentes de la izquierda madrileña habían utilizado ya la situación de Maricarmen para cargar contra el Gobierno regional y municipal, señalándolos como culpables del desalojo.

La entrevista previa al desahucio

Horas antes de que se ejecutara la orden, RTVE emitió una entrevista con la afectada en la que se le preguntaba directamente a quién atribuía su situación. Su respuesta fue clara: apuntó primero al jefe del Ejecutivo, al que acusó de desconocer o no querer conocer la magnitud de los desahucios que se producen cada día en el país.

Después dirigió sus críticas a la presidenta autonómica, de la que dijo que el cargo «le viene un poco grande«, y al regidor de la capital, al que responsabilizó de perjudicar a la ciudad. Tampoco se olvidó de Urbagestión, la propietaria del inmueble, a la que calificó con dureza por anteponer, según ella, el beneficio económico a cualquier otra consideración.

El foco se traslada a Chamberí

El reparto de culpas de Maricarmen contrasta con el relato que ha impulsado la izquierda en los últimos días, centrado en exclusiva en las administraciones madrileñas. De hecho, este mismo miércoles las movilizaciones que hasta ahora se concentraban frente al piso de la afectada cambiaron de escenario: los manifestantes se desplazaron hasta un ático del barrio de Chamberí adquirido recientemente por la Comunidad de Madrid, en lo que se ha descrito como el arranque de una nueva ola de protestas contra Ayuso de cara al otoño.

El desahucio de Maricarmen se suma así a la lista de casos que en las últimas semanas han reavivado el debate sobre la vivienda en España, un asunto que enfrenta al Gobierno central y a las comunidades autónomas gobernadas por el PP sobre quién debe asumir la responsabilidad de frenar los desalojos y ampliar la oferta de vivienda protegida.

Mientras el debate político sigue su curso, la propia protagonista del caso ha dejado claro que, a su juicio, las responsabilidades no son de un solo color político, sino que alcanzan tanto al Gobierno de España como a las instituciones madrileñas, a las que considera igualmente incapaces de dar respuesta al problema.