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Mano dura de Meloni contra los disturbios, mientras Macron sigue buscando respuestas en Francia: cárcel y multas de 20.000 euros
Italia aprueba un decreto tras los saqueos de Milán: nuevo delito, «quien rompe, paga» también para los padres de menores, y militares sin poderes de policía. Francia, mientras, mantiene a su ministro y no cambia ninguna ley.
Giorgia Meloni y Emmanuel Macron. Imagen ilustrativa generada con IA.
Italia ha decidido no esperar. Dos días después de los disturbios que arrasaron el centro de Milán, el Consejo de Ministros de Giorgia Meloni aprobó este martes 20 de octubre un nuevo decreto de seguridad que crea un delito a medida para los violentos de las manifestaciones: hasta cinco años de cárcel y 20.000 euros de multa. La primera ministra lo presentó en sus redes con una frase que ya se ha hecho viral:
«Manifestar es un derecho, devastar nuestras ciudades no».
Giorgia Meloni @GiorgiaMeloni · X
Manifestare è un diritto, devastare le nostre città no. Ecco le misure che abbiamo approvato per contrastare la violenza e tutelare la sicurezza dei cittadini.
Lo que pasó en Milán
Todo empezó el sábado 17 de octubre, con la protesta «Italia en la plaza» contra la carestía de la vida y los salarios bajos, el mismo día de las marchas en Francia. En Milán, varios cientos de jóvenes, en su mayoría menores y sin relación con ningún grupo político según el diario Il Post, se separaron de la manifestación y se enfrentaron a la policía en la plaza del Duomo con piedras, cócteles molotov y botellas. Hubo escaparates rotos, tiendas saqueadas en el corso Vittorio Emanuele II y la estación de metro del Duomo cerrada. El domingo, la violencia se repitió.
El balance, según la prensa italiana, es de decenas de detenidos, muchos de ellos menores de edad, y decenas de heridos entre jóvenes y agentes. El diario Leggo cifra los daños en torno a un millón de euros. También hubo incidentes, menores, en Bolonia y Turín.
El nuevo delito: hasta cinco años de cárcel
La gran novedad es el delito de participación violenta en una manifestación. Según recogen Il Fatto Quotidiano e Il Sole 24 Ore, se comete cuando, durante una protesta, alguien se une a un grupo de cinco o más personas para causar destrozos y pone en peligro la seguridad de los demás. La pena: hasta cinco años de prisión y hasta 20.000 euros de multa, y más si se actúa con la cara tapada.
El decreto también agrava los daños cometidos en grupo y amplía la asociación para delinquir a quienes se organizan para cometer actos violentos en una manifestación. Ir a una protesta no es delito: lo que se castiga es participar en la violencia.
«Quien rompe, paga», también los padres
La otra frase de Meloni fue «quien rompe, paga». El Gobierno quiere que los destrozos no los paguen los comerciantes ni el ayuntamiento, sino quien los causa, y en el caso de los menores, sus padres. Además, la retención preventiva que hasta ahora solo se aplicaba a los adultos podrá usarse también con menores de edad.
Los militares, sin poderes de policía
El plan inicial era reforzar la operación «Calles seguras» con 500 militares más, empezando por Milán, y darles funciones de policía judicial. Esa parte se cayó: según la prensa italiana, chocó con las objeciones del Ministerio del Interior, de los sindicatos y del presidente de la República, Sergio Mattarella. Los soldados podrán identificar a los alborotadores, pero no detenerlos.
Mientras tanto, en Francia: sin ley nueva
El contraste está al otro lado de los Alpes. Francia vivió el mismo sábado sus peores disturbios en años, con el ayuntamiento de Limoges en llamas y saqueos en varias ciudades. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, llegó a presentar su dimisión: «He presentado mi dimisión porque soy responsable de todo lo que pasa», dijo en la radio France Inter. Pero el lunes 19 de octubre Emmanuel Macron la rechazó, alegando la necesidad de mantener «un mando continuo de las fuerzas del orden», según informó franceinfo.
En lugar de una ley, el Elíseo pidió a Nuñez que despliegue «lo antes posible» sobre el terreno «nuevos modos de actuación» contra los violentos, y exigió transparencia sobre los fallos de anticipación y de información previos a los disturbios. A fecha de este martes, el Gobierno francés no ha anunciado ningún cambio legal. Italia, en cambio, tenía su decreto aprobado tres días después de los saqueos.
Y ahora, el Parlamento
Como todo decreto ley en Italia, entra en vigor de inmediato, pero el Parlamento tiene 60 días para convertirlo en ley, y en ese trámite puede cambiarlo. Sus críticos advierten del riesgo de endurecer las penas sin atender a las causas de los disturbios. Meloni, por su parte, ha pedido que nadie minimice ni justifique la violencia.
La pregunta ahora es si Francia acabará siguiendo el mismo camino.
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