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Ayuso, contra los decretos de vivienda de Sánchez: «Vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance para preservar la propiedad privada»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que su Gobierno estudiará recurrir los nuevos decretos de vivienda aprobados por…
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que su Gobierno estudiará recurrir los nuevos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez si finalmente son convalidados mediante la Diputación Permanente del Congreso.
La advertencia llega el mismo día en que el Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo dos reales decretos-ley que mantienen la esencia de los textos rechazados por el Pleno del Congreso el pasado viernes. La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre y la posterior disolución de las Cortes han cambiado ahora el escenario parlamentario.
Ayuso considera cuestionable que las medidas puedan salir adelante a través de la Diputación Permanente después de que el Pleno de la Cámara Baja votara en contra de los decretos anteriores. Su posición abre así un nuevo frente político y jurídico en torno a una reforma que afecta directamente al mercado del alquiler, los desahucios y el acceso a la vivienda.
La propia Constitución establece que las Diputaciones Permanentes asumen determinadas facultades de las Cámaras cuando estas han sido disueltas. En concreto, el artículo 78 contempla expresamente que puedan ejercer las funciones correspondientes al artículo 86, relativo a los decretos-ley, durante estos periodos.
«Les anuncio que vamos a estudiar detenidamente el texto que se ha aprobado en el Consejo de Ministros y, si finalmente se convalida con algún tipo de trampa como llevarlo a la Diputación Permanente a espaldas de la Cámara, del sentido común y la propia Constitución, vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance para preservar la propiedad privada, el libre mercado, el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la Constitución», ha señalado la presidenta madrileña.
Qué ha cambiado respecto a los decretos rechazados
El Gobierno ha vuelto a aprobar este martes los dos textos con modificaciones respecto a los que decayeron el viernes. Según ha explicado Pedro Sánchez, mantienen la esencia de las medidas anteriores, pero incorporan cambios para poder volver a plantearlas tras el rechazo parlamentario.
El paquete contiene 21 medidas relacionadas con el alquiler, la compra de vivienda y el aumento de la oferta. Entre las principales figuran una línea de financiación de hasta 50.000 euros sin intereses para la compra de la primera vivienda, nuevas deducciones fiscales para determinados inquilinos y medidas para ampliar el parque público de vivienda.
También se mantiene la posibilidad de prorrogar hasta dos años determinados contratos de alquiler y un límite a la actualización anual de las rentas. Los nuevos textos incluyen además cambios en la regulación de los alquileres temporales y de habitaciones.
En materia de protección social, el Gobierno plantea mantener la suspensión de determinados desahucios cuando las personas afectadas sean vulnerables y no dispongan de una alternativa habitacional. El decreto aprobado inicialmente establecía esta protección hasta el 31 de diciembre de 2030.
La Diputación Permanente cambia la aritmética parlamentaria
La clave de la nueva situación está en la composición de la Diputación Permanente. Este órgano continúa funcionando después de la disolución de las Cortes y asume determinadas competencias hasta la constitución del nuevo Parlamento.
El primer decreto cuenta, según las posiciones conocidas hasta ahora, con una aritmética diferente a la que provocó su derrota en el Pleno. La ausencia de Junts de una posición decisiva permitiría al bloque favorable reunir una mayoría suficiente para uno de los textos, aunque el segundo decreto, relacionado con la renovación automática de los contratos de alquiler, afronta mayores dificultades por el rechazo expresado por el PNV.
Este cambio es precisamente uno de los elementos que explica la reacción del Gobierno madrileño. La discusión ya no se limita al contenido de las medidas, sino que se extiende al procedimiento utilizado para intentar aprobarlas después de que el Congreso hubiera votado en contra de los textos anteriores.
Qué margen tiene Madrid para recurrir
La vía anunciada por Ayuso no supondría una impugnación automática. Los gobiernos autonómicos están legitimados para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones o actos estatales con fuerza de ley cuando puedan afectar a su propio ámbito de autonomía. El Tribunal Constitucional recoge expresamente esta posibilidad entre sus competencias.
Por tanto, una eventual iniciativa de la Comunidad de Madrid tendría que concretar qué preceptos considera contrarios a la Constitución y cómo afectan al ámbito competencial autonómico.
El debate jurídico sobre la utilización de la Diputación Permanente para convalidar nuevos decretos después de la disolución de las Cortes ya ha generado posiciones enfrentadas entre especialistas. Algunos juristas defienden que la Constitución permite a este órgano ejercer las funciones previstas para los decretos-ley durante la disolución, mientras otros cuestionan el procedimiento por las circunstancias concretas en las que se plantea.
La situación, por tanto, queda abierta a dos escenarios: la convalidación parlamentaria de las nuevas normas y una eventual impugnación posterior por parte de la Comunidad de Madrid.
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